martes, 9 de diciembre de 2014

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DEL AGUA Y LA CONSTITUCIÓN



Hoy a los 86 días de que el Agua de Alcázar de San Juan esté en manos de la Multinacional FCC-Aqualia, hemos comprobado que tenemos peor servicio y mucho más caro: 294.378 euros. ¿Cuántas cosas se podrían haber hecho con ese dinero? Ya lo dijimos: más pobres con el agua en manos privadas.
         El 6 de diciembre de 1978, como por todos es sabido, se aprobó en referéndum la actual Constitución Española. Este año se conmemora el 36 aniversario de la que es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Es por eso uno de los días más importantes de la historia reciente de nuestro país, ya que desde su entrada en vigor, ha supuesto para el conjunto de los españoles una de las etapas más largas de paz, bienestar y prosperidad.
            Pues bien, si leemos nuestra Carta Magna, y sin entrar en detalles, nos damos cuenta de que durante el último año, en nuestro pueblo han pasado cosas curiosas, por llamarlo de alguna manera, con una parte de la ciudadanía.  Llegado este día desde el poder, desde el equipo de gobierno, manifestarán amplificando el mensaje de que para defender la Constitución ya están ellos y que se comprometerán a seguir cumpliéndola. Son palabras y palabras, pero los hechos no se corresponden a tan importante ley.
Analicemos esos hechos y su correspondiente incumplimiento.
La Constitución en su artículo 20.3, dice que “la ley garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. En nuestra ciudad, el equipo de gobierno nos niega la palabra y manipula la información, haciendo un uso partidista de la televisión pública, la que pagamos todos porque debe ser de todos.
En su artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En la Plataforma del Agua hemos visto cómo se nos trata de manera diferente a las demás asociaciones de la localidad, cuando quisimos instalar un Mercadillo Solidario en la plaza y nos pedían una tasa de 2.500 euros, persiguiéndonos luego cuando lo intentamos hacer en otros lugares, mediante la intimidación a los responsables.
En su artículo 9, dice que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Mientras, se cercena la participación del pueblo y de la Plataforma del Agua, poniendo multas a los vecinos por el solo hecho de manifestar otra opinión, o se quitan sillas en el salón de plenos para que pueda asistir menos gente, de manera totalmente arbitraria. O cuando unos vecinos cantan los mayos, una manifestación cultural tradicional que narra la lucha de unos vecinos por defender su Agua, o simplemente dicen “sí se puede”.
En el artículo 45, dice que “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Uno de esos recursos naturales es el agua, que la ONU y la mayoría de la población de nuestra ciudad eleva al nivel de Derecho Humano. Recurso natural que lejos de velar por su utilización racional, pone el Equipo de Gobierno del PP y CxA, en manos de una multinacional y consiente que diariamente se lleven 3423 euros, por hacer lo que veníamos haciendo siempre nosotros, dando peor servicio. Y no hablemos de solidaridad colectiva, propiciando con su operación que las empresas de la localidad no trabajen más para Aguas de Alcázar.
Por nuestro hijos, por nuestros mayores. El agua 100% pública y su gestión transparente.

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